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Viernes 26 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 42

SEXTO.- Durante el presente procedimiento y en términos del artículo 360 de la Ley Federal de

Reforma Agraria derogada fue debidamente emplazado el núcleo promovente, así como sus

colindantes, incluyendo al poblado de San Bartolo, quien toca el vértice número 51, sin que existan

constancias en el expediente de que se hayan inconformado.

SEPTIMO.- El Instituto Nacional Indigenista en fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos

ochenta y siete, emitió su opinión en el sentido de que deberán reconocer y titular al poblado de San

Mateo, Municipio de Amanalco de Becerra, Estado de México, la superficie libre de toda controversia y

buscar la conformidad de linderos con la comunidad de San Sebastián el Chico "El Barrio".

Al realizarse los trabajos técnicos e informativos correspondientes, no se localizó la zona urbana,

en razón de que el caserío se encuentra diseminado; sin embargo, una vez que se ordene la ejecución

de esta resolución podría determinarse la necesidad de excluir una zona urbana, tomando en cuenta

que durante la substanciación del procedimiento, dicha zona podría haberse conformado.

OCTAVO.- A fojas 2 a la 9 de autos se encuentra el escrito presentado por Margarito Martínez Vera,

de fecha dos de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y dieciséis de junio de mil novecientos

noventa y tres, en donde con fundamento en lo dispuesto por los artículos 252, 366 y demás relativos, y

aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria, artículos 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, y demás relativos del

Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes

Comunales, solicita la exclusión del predio "Vodo", de su propiedad y exhibe escritura pública número

6775, de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Público de

la Propiedad de Valle de Bravo, México, bajo la partida número 39-932, volumen XXXII a foja 6, en la que

se desprende que en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo se

inició el expediente número 52 del año de mil novecientos ochenta y cuatro, relativo a las diligencias de

información de dominio promovido por la persona citada, sobre una superficie de 14-00-00 hectáreas y

se resolvió que se ha convertido en propietario del inmueble referido; en consecuencia, se inscribió en

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Asimismo, invoca artículos de la Nueva Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,

en su segundo escrito, para que este Tribunal señale día y hora a que se refiere el artículo 170 de la

Ley Agraria, en donde con fecha primero de julio de mil novecientos noventa y tres, se admitió su

demanda, de la cual se corrió traslado al representante de bienes comunales para que manifestara lo

que a su derecho corresponda, y en la diligencia del siete de octubre de mil novecientos ochenta y tres

ante este Tribunal, se verificó la audiencia correspondiente, en la que comparecieron las partes,

quienes ofrecieron sus respectivas pruebas, para acreditar sus derechos.

De lo anterior, se llega a la conclusión de que lo solicitado por Margarito Martínez Vera, es

improcedente e infundado, en razón de que esa superficie no fue adquirida por título legalmente válido,

careciendo de eficacia jurídica la referida resolución judicial y la de todos los actos que se derivan de la

misma, como es la inscripción en el Registro Público de la Propiedad en Valle de Bravo, aunado a que

en el informe de los trabajos técnicos e informativos realizados en el procedimiento en cuestión, se

expresan que no existen propiedades sujetas al régimen particular que deban ser excluidas de los

bienes comunales respectivos.

Asimismo, se declara también improcedente su petición que formuló ante este Tribunal, en razón

de que de las pruebas aportadas, se desprende que en el amparo en revisión número 178/90 de fecha

cinco de septiembre de mil novecientos noventa, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,

concede el amparo y protección de la Justicia Federal, al poblado de San Mateo, y aparece que el

inmueble en litigio motivo de las diligencias de información de dominio, es parte de los bienes que de

hecho guardan el estado comunal del poblado, y por tanto, es dable concluir que con la resolución

emitida por el juez civil responsable, en efecto al poblado tercero perjudicado se le estaban afectando

derechos posesorios, sin haber sido oído y vencido en juicio, en cumplimiento a la garantía de

audiencia, lo que resulta ilegal, y que por ende dicha sentencia carezca de todo valor probatorio, sirve

de apoyo por analogía al presente caso el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, que a la letra dice:

"... PRESCRIPCION POSITIVA.- Información ad-perpetuam, "las constancias relativas a las

diligencias de información ad-"perpetuam, no basta para probar que se trata de una posesión "útil para

la prescripción, porque no engendra en manera alguna, "los efectos de la prueba testimonial, por no

satisfacer las "garantías de publicidad y protección del derecho de "contradicción reconocidas las

partes por las normas que regulan "la recepción de la prueba en el juicio. La eficacia jurídica de las

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